La solución política a la crisis venezolana debe incluir a las mujeres
En el día internacional de la mujer, el Instituto Republicano Internacional (IRI) destaca el impacto desproporcional que genera la crisis socioeconómica y humanitaria en Venezuela sobre las mujeres. Agravadas por la pandemia de COVID-19, la crisis ha ampliado la brecha de desigualdad de género preexistente en el país, haciendo alas mujeres más vulnerables financiera, social y políticamente. Ligado a las barreras culturales, estos factores han limitado la capacidad de las mujeres de participar en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles.. Sin mujeres en la mesa, se pierde una perspectiva crítica.
En 2021, Venezuela fue ranqueada en la posición 91 de 156 países según el Índice de Brecha de Género (Gender Gap Index) que evalúa la participación y oportunidad económica de las mujeres. De acuerdo a este índice, la mayoría de las mujeres en Venezuela no pueden participar en la economía formal porque no tienen acceso a educación o carecen de experiencia de trabajo. Además, se espera que las mujeres tomen el rol principal como responsables de trabajos domésticos y de cuidados, que implica pasar hasta 10 horas en filas para comprar comida y hacerse cargo de familiares. Estas barreras económicas y culturales limitan la autonomía e influencia de las mujeres venezolanas en la vida pública del país, aumentando el riesgo de que sean víctimas de violencia de género, trata de personas y contrabando.
Desde 2018, el régimen de Nicolás Maduro ha compartido verbalmente cifras sobre los problemas que enfrentan las mujeres en vez de hacerlo a través de reportes sustentados con evidencias y datos. Activistas que defienden los derechos de la mujer consideran que esto es problemático ya que el método de recolección de datos no es público, los resultados no se difunden con regularidad , y los pocos números que se reportan varían significativamente comparados con los reportes de organizaciones de sociedad civil y no gubernamentales. A pesar de estas limitaciones, un reporte en 2019 reveló que, aunque las mujeres tienen igual acceso a la educación, abandonan las instituciones educativas en mayor proporción que los hombres; el 61% de las mujeres entre 17 y 24 años no acudía a clases, y de este grupo el 21% dejó sus estudios por embarazo y/o para atender tareas del hogar. Otro informe de 2019 detalla cómo el ya colapsado sistema de salud pública ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, limitando su acceso a los servicios de salud materna, sexual y reproductiva. La pandemia no ha hecho más que agravar esta situación.
Aunque los regímenes de Hugo Chávez y Maduro se han considerado “feministas,” y desarrollaron leyes y programas enfocados en los derechos de las mujeres, sus acciones no aumentaron el nivel de igualdad real entre mujeres y hombres en Venezuela. De hecho, las tasas que miden la participación política y la independencia económica de las mujeres no cambiaron después de 1999, mientras que en el resto de la región las tasas mejoraron. Asimismo, las mujeres están crónicamente subrepresentadas en el escenario político, tanto dentro de las fuerzas pro-régimen del chavismo como en la oposición democrática.
Si bien las mujeres tienden a ser muy activas políticamente a nivel local, constituyendo el 72% de los consejos comunales locales, a menudo están restringidas a puestos locales y/o subordinados. Mientras tanto, los hombres suelen ser designados o votados para cargos más altos: sólo 32 mujeres diputadas de un total de 167 representantes (19%) fueron elegidas en las últimas elecciones democráticas para la Asamblea Nacional en 2015. La amenaza de violencia política contra las mujeres también inhibe la representación igualitaria y participación de las mujeres en la política. Las líderes que se consideran amenazas para el régimen de Maduro pueden verse sujetas a violencia sexual, humillación y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.
La baja representación, combinada con estereotipos dañinos, es representativa de la exclusión de mujeres de puestos de toma de decisiones en todos los niveles. Sin embargo, la evidencia muestra que cuando se incluye a las mujeres en los procesos de transición, hay un 35% más de probabilidad que los acuerdos duren al menos 15 años. Sin la perspectiva de las mujeres, los planes de reconstrucción no podrán atender las demandas de la población femenina. Por lo tanto, es imperativo promover la participación política de las mujeres en Venezuela, donde una variedad de actores democráticos se esfuerza por lograr una solución pacífica y política a la crisis socioeconómica y humanitaria.
Así como se demostró con la programación de IRI en Colombia, enfocada en fortalecer las políticas de paz y seguridad en el país, empoderar a las mujeres líderes para entablar un diálogo abierto con miembros de la comunidad y funcionarios electos sobre sus necesidades y prioridades permite una planificación con políticas sensibles al género. Venezuela y la comunidad internacional deben aprender de estos casos exitosos y priorizar la inclusión de la perspectiva de género al plantear una solución política a la crisis venezolana.
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